El Concejo Municipal de Esperanza dio seguimiento al diálogo como lo ha encomendado el Gobernador Alejandro Armenta con el grupo de manifestantes que se movilizó el pasado sábado 26 de septiembre por la noche. Pese a las ofertas institucionales presentadas para atender los señalamientos de la seguridad pública, el grupo inconforme rechazó las alternativas y mantiene la exigencia de asumir el control directo de la vigilancia en la comunidad.

Las propuestas del Concejo Municipal
Ante los reclamos ciudadanos respecto a supuestas extorsiones por parte de la corporación estatal, las autoridades locales desplegaron un abanico de soluciones institucionales que fueron descartadas por los manifestantes:
-Rotación de mandos y efectivos: Sustituir de manera inmediata a los elementos de la Policía Estatal señalados.
-Despliegue de Fuerzas Armadas: Gestión para el ingreso directo del Ejército Mexicano (SEDENA).
-Fuerzas federales de apoyo: Entrada de la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional (GN).
-Equipamiento ciudadano: Instalación y activación de sistemas de alarmas vecinales conectadas al mando local.
-Realizar comités ciudadanos y estar en coordinación con el concejo municipal.
-Cámaras de video vigilancia conectadas al C5

El presidente del Concejo Municipal Raúl Pineda Raygoza reiteró el respaldo total para brindar seguridad a la población, subrayando que tanto el Gobierno del Estado como el Gobierno Federal mantienen la disposición de coordinar un esquema de seguridad institucional que garantice la paz ciudadana.
Análisis: ¿Qué buscan los manifestantes y por qué rechazan las propuestas institucionales?
La postura del grupo inconforme, al rechazar las fuerzas de seguridad estatales, federales y el equipamiento tecnológico para exigir el control territorial mediante “rondines” comunitarios, responde a diversos factores sociales y de dinámica de seguridad:
1. Búsqueda de autonomía y control local:
Al exigir el control de la vigilancia mediante brigadas o rondines locales, el grupo busca establecer un esquema de autogestión de la seguridad para ejercer una supervisión directa sobre quién transita o habita la comunidad.

2. Infiltración o sesgos de interés:
En contextos de tensión regional, la negativa a permitir el ingreso de la Guardia Nacional, la Marina o el Ejército levanta cuestionamientos sobre si la movilización responde de manera exclusiva al descontento social o si existen grupos con intereses particulares que buscan evitar la presencia de fuerzas federales con mayor capacidad operativa y de inteligencia.
4. Soberanía comunitaria sobre la tecnología institucional:
El rechazo a las alarmas vecinales evidencia que el conflicto no se centra en la falta de herramientas técnicas de prevención, sino en el control operativo del territorio y de la toma de decisiones en materia de seguridad. Por ende no quieren ser vigilados por ninguna autoridad ni por tecnología.

